RECORTES
EN SERVICIOS SOCIALES
En pleno
año electoral (locales y regionales de mayo / generales de noviembre), uno de
los elementos clave de los debates políticos se ha centrado y se centra en el
recorte de los servicios sociales en un escenario de crisis. Resulta
ridículo escuchar argumentos como el de la racionalización del gasto o
el de corregir la picaresca popular asociada a este país, viendo como se elaboran
y distribuyen las partidas en los presupuestos públicos u observando algunas
consecuencias directas de las decisiones que se están tomando para ‘salir’
de la actual coyuntura económica.
La
cruda realidad.
El incremento
del paro (España, con un 21,2%, el país europeo con mayor índice de paro.
La media
europea están el 10%1) y la desprotección económica (el gasto público social en
España es el 22,7% del PIB, en la UE-27 es el 26,4% del PIB2) han
provocado el aumento del riesgo de exclusión social y un aumento de los
hogares bajo el umbral de pobreza.
El
porcentaje de hogares que no reciben ningún tipo de ingresos ha pasado en 2010
a una tasa del 2,7
por ciento (lo que supone una cifra de más de medio millón de hogares) y los
índices de precariedad
y exclusión social se dispararon entre 2007 y 2009, con lo que la pobreza relativa
en España alcanza ya a un 20,8 por ciento de la población (casi 10 millones de
personas) en sólo un año (2008/2009) en España se registró un crecimiento de la
pobreza en más de 1,3 puntos3.
En lo que
respecta a los servicios sociales, la crisis se ha manifestado como un
aumento de la demanda, en particular aquella con carácter asistencial.
En 2009
los Servicios Sociales públicos a nivel estatal ofrecieron información y/o
ayuda a más de 8 millones de personas; un 36% de la población española más que en
el año anterior. Cerca de 6 millones de personas perciben anualmente servicios
sociales básicos y más de 700.000 personas reciben hoy día servicios y
prestaciones de atención a la dependencia4.
El número
de personas beneficiarias de renta mínima a nivel estatal aumentó más de un 50%
en tan sólo dos años, pasando de algo más de 100.000 unidades familiares
beneficiarias en 2007 a más de 150.000 en 2009, esto es, más de medio millón de
personas. Muchos de ellos inmigrantes, cuyo número se duplicó entre 2008 y 20095.
En la
ciudad de Madrid, los perceptores Renta Mínima de Inserción (RMI) eran 7.282,
en 2009, y 8.018 en 2010. La ayuda individual ascendía en 2009 (últimos datos
disponibles) a 370€ y a 540,4€ en
caso de una pareja con dos hijos. Para hacerse una idea, al mismo tiempo los
rangos los marcaban el País Vasco, con una ayuda individual de 640,6€ y Murcia
con 300€. Igual en el caso de las cuantías para una pareja con dos hijos,
900,1€ euros en el País Vasco y 498 de Murcia. Madrid se sitúa en cifras menores
sin tener en cuenta que si ya es difícil sobrevivir con esas cantidades, más
aún lo es en la capital y en una de las ciudades más caras de España.
El perfil
clásico de usuario de los servicios sociales ha cambiado o, más
que cambiar, lo ha ampliado a nuevos sectores de la población. A los sectores
de población clásicos en la atención de los servicios sociales (mayores,
menores, mujeres, minorías étnicas y migrantes) hay que sumar a jóvenes con
estudios y amplia experiencia laboral. Crece el número de familias jóvenes de
cónyuges de entre 20 y 40 años de edad, con uno o dos hijos pequeños, así como
jóvenes desempleados en busca del primer empleo.
El
desempleo se ha extendido a amplias capas sociales. Se ha extendido y
socializado el sentimiento de vulnerabilidad, el empeoramiento de la cohesión
social. El contexto ofrece pocas alternativas concretas. El modelo
de familia nuclear, pese a estar en pleno proceso de modificación, y las
redes de solidaridad comunitaria tradicionales, a pesar de sus límites, parecen
retomar de nuevo el protagonismo en la función de protección social. Este
aumento de la precariedad en las condiciones de vida se ha traducido en un
desbordamiento brutal del sistema de protección que prestan las entidades
públicas y el Tercer Sector.
El paro
eventual provocado por la crisis está pasando a ser de larga duración. Las
estrategias de subsistencia para afrontar los efectos de la crisis, son, por
este orden, el apoyo desde la familia, el trabajo en actividades de economía
sumergida y la búsqueda de apoyo y ayuda en las organizaciones sociales6.
Las
respuestas del sistema.
Los
recortes en servicios sociales se concretan en forma de pérdida de cantidad y
calidad de servicios que se venían dando. La reducción de los
recursos disponibles hace que los profesionales tengan menos opciones y
herramientas de intervención en la mejora de las circunstancias concretas
de las personas a las que atienden.
Un
ejemplo concreto sería el recorte del presupuesto para la implantación
progresiva de la Ley de Dependencia.
El
presupuesto de 2011 para la implantación de la Ley de Dependencia es de 83
millones menos (una rebaja del 5%) de lo previsto. El Plan Concertado, que
determina el dinero que las autonomías dan a los ayuntamientos para las ayudas
sociales, se ha rebajado en 11,5 millones (un 12% menos). Los Presupuestos
Generales del Estado presentados para 2011 han roto por primera vez la
previsión de financiación que se preveía en el modelo de la memoria económica
de la Ley de Dependencia. El proyecto de presupuestos no sólo no ha aplicado el
incremento previsto para 2011 sino que ha reducido la aportación de la
Administración Central en un -5,2% respecto del año pasado7.
En
Madrid, con un 0,63 de beneficiarios con prestación en relación a su población
(a 1 de octubre de 2010) el grado de implantación de la Ley de Dependencia está
muy por debajo de la media estatal de 1,34. A fecha actual, de un total de
135.298 dictámenes, 76.744 personas (el 1,19% de la población de la Comunidad
de Madrid, por debajo del 1,57% de atención que marca la media nacional) son
beneficiarias y perciben algún tipo de prestación en materia de dependencia8. Se
trata de una merma en servicios como el de prevención de la dependencia y
promoción atención personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de
día/noche, atención residencial y las prestaciones económicas vinculas al
servicio, los cuidados familiares y la asistencia personal.
Es cierto
que algunos presupuestos han subido, pero lo han hecho a un ritmo menor del crecimiento
de la demanda.
En el año
2010, en la ciudad de Madrid, se tramitaron prestaciones económicas periódicas,
de carácter
puntual y de emergencia social, por un total de 5.152.463,29€9. La
misma cantidad que en 2009 a pesar del aumento de demanda. En el período
2007/2010 se ha incrementado en un 11% el número de ciudadanos que han accedido
a los Servicio Sociales a través de la Primera Atención madrileña. De las
116.187 personas atendidas en la Unidad de Primera Atención en el 2010, 62.158
son personas nuevas que acuden por primera vez a los Servicios Sociales, lo que
representa un 53,5% del total.
Del total
de 145.871 demandas o peticiones planteadas en la Unidad de Primera Atención de
los diferentes distritos de la capital, destacan como más frecuentes las de
Informe de Arraigo Social por parte de personas inmigrantes, las demandas del
Servicio de Ayuda a Domicilio (Auxiliar Domiciliario) y de Teleasistencia,
seguidas en cuarto y quinto lugar por las demandas relacionadas con la
Solicitud de Dependencia y con la Renta Mínima de Inserción.
El
volumen de usuarios incluidos en las unidades familiares o Historias Sociales
de la UTS (Unidad de Trabajo Social) de Zona de la ciudad, con las que se ha
realizado intervención social o se ha llevado a cabo algún tipo de actividad a
lo largo del periodo 2007-2010 también es ascendente, pasando de 276.558
usuarios de Zona en el 2007 a 339.255 en el 2010, lo que representa un
crecimiento en este cuatrienio de un 23%.
En 2010
las demandas nuevas en la UTS de zona alcanzan un total de 98.542 en los 21
distritos. Las más frecuentes son (demanda nº demandas % s/total): 1. Ayuda a
domicilio/Auxiliar domiciliario 25.651 26%. 2. Renta mínima de inserción (RMI)
15.466 16%. 3. Dependencia 8.939 9%. 4. Centro de día mayores municipal 3.170
3%. 5. Escuela infantil 2.776 3%. Hay que reconocer que la reestructuración
del sistema madrileño de servicios sociales desarrollado en los últimos
años ha facilitado el acceso al servicio con el aumento de centros y número
de profesionales.
La ciudad
de Madrid cuenta con 304 centros de atención social, que incluyen 35 centros de
servicios sociales, más de 190 centros para los mayores, 40 centros de atención
a las familias, 20 para las mujeres, 11 para inmigrantes, 6 para personas sin
hogar y 2 centros para personas con discapacidad.
El
compromiso electoral del PP de Madrid para el final del periodo 2011-2015, ya
veremos
si se
cumple, es disponer de un trabajador social por cada 5.000 habitantes e
implantar un
centro de
servicios sociales generales por cada 90.000 habitantes como media10.
En todo
caso, parece que facilitar la entrada al sistema no es suficiente para dar
respuesta a las necesidades que se están presentando. A la par que el aumento
de demanda, paradójicamente, ha aumentado el número de derivaciones del
sistema público de primera atención a los servicios que presta el tercer
sector. La intervención desde la institución pública, quizá con ánimo de
ahorrar gasto, está ahora priorizando una vieja demanda de sus profesionales,
enarbolada sobre otros argumentos: priorizar el uso intervenciones técnicas
de profesionales sobre el de prestaciones monetarias.
Del
conjunto de usuarios del sistema público de servicios sociales de Madrid, un
78% (90.603 personas)
han resuelto su demanda en Primera Atención; un 2% (2.121 casos) han sido
orientados a otros servicios o sistemas de protección, y un 19% (22.227 casos),
han requerido una intervención más continuada en el tiempo, pasando a la Unidad
de Trabajo Social de Zona. El propio Ayuntamiento en su memoria anual destaca
el alto nivel de resolución (más dos tercios de los ciudadanos atendidos) de
las demandas planteadas en la Unidad de Primera Atención.11.
Sin
embargo esta información contrasta con otras que incluso parecen cuestionar la
realidad de esta
pronta resolución. Según Cáritas12, el 67% de las personas que
atienden vienen derivadas desde los
servicios sociales públicos. Así, su número de respuestas ofrecidas en todo el
país se ha disparado en los cuatro últimos años, al pasar de 400.000 personas
atendidas en 2007 a 950.000
en 2010, unas 300.000 acudieron por primera vez a Cáritas.
A este
respecto, se señala13 que mientras el tiempo para concertar una primera cita o
entrevista inicial
en los servicios sociales públicos es, como media, de casi un mes (25,9 días),
en los servicios de Acogida de Cáritas la espera para concertar una primera
cita o entrevista inicial es, por término medio, de 4 días. Otro tanto sucede
con las respuestas, ya que si el plazo de tramitación y gestión de las respuestas
efectivas es de algo más de dos meses en los servicios sociales públicos (65,3
días), en Cáritas el tiempo medio entre la primera cita y la respuesta efectiva
es de 7,3 días.
Como
vemos, la protección social no sólo atañe a la institución pública, también al
tejido social construido
por la sociedad civil y que durante años ha significado un partenariado fiel a
la hora de desarrollar programas y proyectos de corte social.
El
recorte o anulación de la financiación de los proyectos que desarrolla el tercer
sector
uno de
los elemento clave ya que el de los servicios sociales es un sector fuertemente
privatizado.
El Área
de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid14 tramitó
en 2010 166 Convenios de Colaboración: 23 se han suscrito con otras
Administraciones Públicas, 9 con entidades públicas y 134 con entidades
privadas con un gasto correspondiente a la cantidad de 48.677.722 euros. Una
cantidad importante.
Pero más
allá de grandes e históricas organizaciones, existe un amplio y diverso
universo de pequeñas y medinas entidades sociales que vienen desarrollando una
labor fundamental y útil en la atención y cobertura de necesidades concretas, a
muchas de las cuales la propia institución pública no puede llegar.
Reconociendo sus límites y el valor de la proximidad y el conocimiento
específico de realidades, la propia institución pública ha venido financiando
la actividad de esta amalgama de entidades. La excusa de la crisis ha supuesto
también un recorte importantísimo de esa financiación.
El
recorte de salarios no sólo ha afectado a los del funcionariado. Amparándose en los
manidos discursos del ajuste del cinturón y la política de austeridad, también
ha repercutido en el resto de trabajadores/as de contratas y subcontratas
externalizadas. Además, considerando la deuda reconocida del Ayuntamiento de
Madrid que ascendía a 7.008 millones de euros en el primer trimestre de 2010, la
anulación de partidas, la congelación de presupuestos e incluso los impagos
por parte de las administraciones públicas están a la orden del día.
Por poner
un ejemplo, desde el inicio de la crisis, la actividad de Cruz Roja15 se ha
incrementado en un más de un 28%. Para hacer frente al aumento de actividad ha
sido preciso incrementar la aportación de fondos propios en un 25% desde 2008.
Desde que comenzara la situación socioeconómica actual en 2008, Cruz Roja
Madrid ha atendido las necesidades sociales de más de 182.000 personas
residentes en la Comunidad. Para ello, la organización ha precisado incrementar
su aportación de fondos propios, que han pasado de los 13.101.647€ en 2008 a
17.415.707€ en 2010. De esta forma, en 2010, las aportaciones de los socios han
representado el 73% del total de los fondos propios de la organización.
Otro
ejemplo claro atañe a fórmulas empresariales de economía social. Si el
escenario está difícil para las grandes entidades, con mayor capacidad de
maniobra y aguante en momentos difíciles, para las pequeñas cooperativas de
iniciativa social, en particular aquellas que se centran en la intervención
social como actividad profesional, el camino se pone muy cuesta arriba.
A los
ere’s y cierres de alguna de ellas debido al poco movimiento de proyectos y a
las demoras en los pagos (recortes indirectos) hay que añadir otros obstáculos
para las que resisten en forma de recorte directo, como las ayudas para el
fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y
sociedades laborales en el ámbito de la Comunidad de Madrid pasaron de
2.200.000€ en 2009 a 955.000€ en 2010. Un recorte del 57% del presupuesto.
La
Comunidad de Madrid parece sentirse cómoda con la práctica del recorte y del
impago. El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad
de la Comunidad de Madrid (CERMI), que aglutina a asociaciones de alzhéimer, de
esclerosis múltiple, párkinson, fibromialgia, etc., ha denunciado el impago de
las subvenciones concedidas el año pasado para el desarrollo de programas de
prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos.
Hay unas
80 asociaciones sin ánimo de lucro afectadas. Tampoco se sabe nada de las
subvenciones de este año. Algo similar ocurre con las ayudas destinadas a
asociaciones que trabajan con drogodependientes. Se trata del cierre de 11 de
los 18 pisos en los que residen por temporadas drogodependientes en tratamiento
o en proceso de reinserción. Hay 65 asociaciones afectadas16.
Se
podrían seguir poniendo ejemplos, todo ello a pesar de lo complejo que resulta
realizar un análisis presupuestario detallado en servicios sociales
considerando la diversidad de problemáticas a atender, las competencias y el
número de instituciones y organismos encargados de hacerlo y las vías de
financiación de sus prestaciones y programas.
Una
clave para afrontar el futuro.
Durante años
el Estado de Bienestar (EB), ha desempeñado un papel importante en la función
de estabilidad económica y orden político. Para ello la población ha debido
aceptar un sistema que genera desigualdad estructural, si bien es
cierto que ha intentado y a veces logrado moderar realidades, situaciones y
problemáticas más dramáticas y sangrantes.
Previo al
estallido de la crisis, se vivió una época de crecimiento que hizo que los
sistemas de
protección
se afianzaran en el cumplimiento de su función tradicional de aseguramiento de
la cobertura mínima ante los riesgos que no puede cubrir el Mercado. Fueron años
de bonanza que, sin embargo, no se aprovecharon para consolidar otra de
las funciones más importantes del EB: la redistribución.
Muy al
contrario de un ideal de redistribución asociado a nortes de igualdad, se ha
profundizado en la diferencia, aumentando la dualidad social, gracias a duros
procesos de privatización de servicios.
La
presión de los mercados retroalimenta a un poder político cada vez más cómodo
en el nuevo
papel de árbitro (con facultad normativa y reguladora) y mediador (con facultad
de inspección, seguimiento y prescripción). Un matiz en la gestión que efectivamente
no tiene consecuencias en la titularidad pero sí en la responsabilidad que se
están concretando en una merma de calidad que parece encaminarnos a la
aceptación de la pérdida de la universalidad. Un cambio de concepción
de lo que era un derecho a lo que será un privilegio.
La
búsqueda de realidades divergentes a este escenario pasa, en primer lugar, por
entender que la crisis no es pasajera porque es una crisis del sistema y por
tanto el EB caerá con él. Lo importante quizá sea pensar en una
alternativa o alternativas posibles. Se trata de repensar y
reestructurar los actuales modos de vida y organización social.
1 Fuente:
Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=teilm020
[Consulta:
14 de octubre de 2011. 13:06h.].
2 Fuente:
Alianza para la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales.
http://www.cgtrabajosocial.es/madrid/documentos/Doc-AlianzaDef-Sistema-Publico-IDEAS-FUERZA.pdf
[Consulta: 15 de octubre de 2011. 13:15h.].
3 Fuente:
Cáritas. http://www.caritasalamanca.org/uploads/media/1er_ImpactoCrisisCohesionSocialEspana_Julio2011.pdf
[Consulta:
15 de octubre de 2011. 13:30h.].
4 Fuente:
Alianza para la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales. Relación
de entidades que integran la Alianza:
Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), Confederación Española de
Organizaciones de Mayores
(CEOMA),
Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual (FEAPS),
Comité
Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión
Social
(EAPN), Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales,
sindicatos Unión General de Trabajadores
(UGT) y
Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.), Seminario de
Intervención y Políticas Sociales
(SIPOSO),
Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (INTRESS) y las
Universidades de Alicante, Alcalá de Henares,
Girona y
Complutense de Madrid.
http://www.cgtrabajosocial.es/madrid/documentos/Doc-AlianzaDef-Sistema-Publico-IDEAS-FUERZA.pdf
[Consulta: 15 de octubre de 2011. 13:15h.].
5 Fuente:
Cáritas. http://www.caritasalamanca.org/uploads/media/F_1863_Capitulo_2_VI_Informe_Foessa.pdf
[Consulta: 15 de octubre de 2011. 13:33h.].
6 Fuente:
Cáritas. http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=5051 [Consulta:
15 de octubre de 2011. 13:25h.].
7 Fuente:
CC.OO. http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/664167.pdf [Consulta:
15 de octubre de 2011. 13:37h.].
8 Fuente:
IMSERSO. (Portal de la Dependencia) del Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad.
http://www.dependencia.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/estsisaad20111001.pdf
[Consulta:
de octubre
de 2011. 13:24h.].
9 Fuente:
Ayuntamiento de Madrid. http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-
Sociales/Publicaciones/2010?vgnextfmt=default&vgnextoid=75eb930567300310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel
=d3f4ca1c5a057010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
[Consulta: 15 de octubre de 2011. 13:19h.].
10 Fuente: PP
Madrid. http://equipogallardonprograma.com/wp-content/uploads/pdfs/programappmadrid.pdf
[Consulta:
de octubre
de 2011. 13:22h.].
11 Fuente:
Ayuntamiento de Madrid. http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-
Sociales/
Publicaciones/2010?vgnextfmt=default&vgnextoid=75eb930567300310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=d3f4ca1c5a057010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
[Consulta: 15 de octubre de 2011. 13:19h.].
12 Fuente:
Cáritas. http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=5051 [Consulta:
15 de octubre de 2011.
13:25h.].
13 Fuente:
Ayuntamiento de Madrid. http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-
Sociales/Publicaciones/2010?vgnextfmt=default&vgnextoid=75eb930567300310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=d3f4ca1c5a057010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
[Consulta: 15 de octubre de 2011. 13:19h.].
14 Fuente:
Ayuntamiento de Madrid. http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-
Sociales/Publicaciones/2010?vgnextfmt=default&vgnextoid=75eb930567300310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=d3f4ca1c5a057010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
[Consulta: 15 de octubre de 2011. 13:19h.].
15 Fuente:
Entorno Social. http://entornosocial.es/content/view/2359/46/ [Consulta:
15 de octubre de 2011. 13:35h.].
16 Fuente: El
País
http://www.elpais.com/articulo/madrid/pisos/drogodependientes/borde/cierre/elpepuespmad/20111017elpmad_5/Tes
[Consulta:17 de octubre de 2011. 21:15h.].
DOCUMENTO ELABORADO POR JOSÉ.
GRACIAS POR TU APORTACIÓN.
Vaya un pedazo de artículo más bien currao.
ResponderEliminarGracias por vuestro trabajo